Anulan sentencia a Berenson y retorna a penal con su hijo:Luego de una campaña mediática que buscaba reflotar el fantasma del terrorismo, el gobierno logró anular la excarcelación de la ex simpatizante del MRTA, Lori Berenson, hecho que fue saludado de inmediato por el oficialismo y diversos sectores.
Apelando a una argucia legal, el colegiado C de la Sala Penal Nacional declaró nula la resolución de la jueza que concedió el beneficio penitenciario de liberación condicional en mayo pasado. Alegó que no se ha recabado el certificado de domicilio expedido por la Policía Antiterrorista, ni se ha verificado su domicilio en Miraflores.
Al comentar el argumento, el abogado y ex esposo de Lori, Aníbal Apari, recordó que el domicilio fue visitado en dos oportunidades consecutivas por miembros de la Policía y el ministerio Público.
La estadounidense inicialmente había consignado un domicilio en Chorrillos, que luego varió a Miraflores. Esto fue utilizado por la Procuraduría para solicitar la anulación de su excarcelación.
Cuando se conoció el fallo, Berenson estaba en la embajada norteamericana realizando algunos trámites relacionados con su menor hijo, lo que originó que se especulara sobre un posible asilo. Tras conocer la noticia, ella llamó a la policía para someterse a derecho.
Berenson fue llevada a la sede de la Policía judicial (en el jirón Chota), luego al juzgado y de allí a la Carceleta judicial, de donde fue trasladada al penal de Chorrillos. Llevaba en sus brazos a su bebé y estaba rodeada por agentes de la Policía, en medio de un gran despliegue de los periodistas.
El acoso de los reporteros nacionales y extranjeros desató el llanto del menor, ajeno al lío judicial en que se encuentra envuelta su madre, quien se negó a desprenderse del infante.
Tema de fondo
El jurista Ronald Gamarra afirmó que el tribunal debió decidir sobre el tema de fondo: si a Berenson le corresponden o no los beneficios penitenciarios, en vez de crear una saga que le va permitir a algunos políticos, en especial a los Fujimoristas, hablar del fantasma del terrorismo.
Gamarra, vocero de la Coordinadora Nacional de derechos humanos, consideró que en este caso sí corresponde aplicar los beneficios penitenciarios y que el asunto debió quedar zanjado para bien de la sociedad peruana, que va a ser sometida a un debate mediático en los próximos meses.
Señaló que la resolución no va a variar la opinión de la jueza y que una vez cumplido con el trámite de verificación, seguramente va a volver a pronunciarse a favor de la excarcelación.
El congresista Javier Valle Riestra cuestionó el fallo judicial, señalando que por un defecto no se puede devolver a una persona a la cárcel. “Soy enemigo del terrorismo, pero también soy partidario de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, y eso que se le está haciendo a esta persona no tiene nombre, es una ignominia”, dijo.
“Aquí no se trata de Lori Berenson sino de la clase de justicia que existe en el Perú”, explicó que en el derecho penal, el pensamiento y la conspiración son impunes, mientras que “los castigables son los actos preparatorios, la tentativa y la consumación del delito”.
El jurista aprista Javier Valle Riestra recordó que la norteamericana merodeó el Congreso totalitario del Fujimorismo y que fue arrestada en un autobús, sin armas ni documentos falsos, por lo que nadie puede decir que formara parte de algún comando de aniquilamiento.
El legislador sostuvo que “incluso la Sala Nacional Antiterrorista que la condenó llegó a decir que no se tenía la certeza de que la acusada hubiera llegado a asociarse y ser parte integrante de la organización del MRTA” por lo que debió salir en libertad hace mucho tiempo.
Justifican formalismo
El juez Ricardo Brousset Salas indicó que Berenson deberá volver a prisión debido a una omisión formal en la resolución que le concedió la excarcelación y que fue dictada por la jueza del primer juzgado supraprovincial Yésica León Yarango. “Hasta que sea subsanada la omisión, ella deberá retornar a prisión”, señaló.
El anuncio de la anulación de la resolución de la jueza fue hecha por el viceministro de Justicia, Luis Marril, lo que demuestra el interés gubernamental en el caso.
La Sala Penal tomó la decisión luego de la apelación presentada por el procurador para Casos de Terrorismo, Julio Galindo, quien argumentó que el tiempo de pena efectiva cumplido por Berenson no cumple con los requisitos para obtener beneficios penitenciarios.
“Berenson fue condenada a 20 años de prisión y la pena efectiva que ha cumplido es de 14 años, 5 meses y 25 días. Es decir, no ha cumplido con las tres cuartas partes de la pena, que en su caso es de 15 años de prisión”, agregó. Según él, le faltaría cumplir unos seis meses en prisión.
Para Galindo no son acumulables los días que Berenson dedicó al trabajo y el estudio en prisión, tal como lo planteó la jueza. Dijo que por esa razón, la sala reprendió a la magistrada. Pero otros juristas no piensan lo mismo que él.
Fuente: La Primera (19/08/2010)
Apelando a una argucia legal, el colegiado C de la Sala Penal Nacional declaró nula la resolución de la jueza que concedió el beneficio penitenciario de liberación condicional en mayo pasado. Alegó que no se ha recabado el certificado de domicilio expedido por la Policía Antiterrorista, ni se ha verificado su domicilio en Miraflores.
Al comentar el argumento, el abogado y ex esposo de Lori, Aníbal Apari, recordó que el domicilio fue visitado en dos oportunidades consecutivas por miembros de la Policía y el ministerio Público.
La estadounidense inicialmente había consignado un domicilio en Chorrillos, que luego varió a Miraflores. Esto fue utilizado por la Procuraduría para solicitar la anulación de su excarcelación.
Cuando se conoció el fallo, Berenson estaba en la embajada norteamericana realizando algunos trámites relacionados con su menor hijo, lo que originó que se especulara sobre un posible asilo. Tras conocer la noticia, ella llamó a la policía para someterse a derecho.
Berenson fue llevada a la sede de la Policía judicial (en el jirón Chota), luego al juzgado y de allí a la Carceleta judicial, de donde fue trasladada al penal de Chorrillos. Llevaba en sus brazos a su bebé y estaba rodeada por agentes de la Policía, en medio de un gran despliegue de los periodistas.
El acoso de los reporteros nacionales y extranjeros desató el llanto del menor, ajeno al lío judicial en que se encuentra envuelta su madre, quien se negó a desprenderse del infante.
Tema de fondo
El jurista Ronald Gamarra afirmó que el tribunal debió decidir sobre el tema de fondo: si a Berenson le corresponden o no los beneficios penitenciarios, en vez de crear una saga que le va permitir a algunos políticos, en especial a los Fujimoristas, hablar del fantasma del terrorismo.
Gamarra, vocero de la Coordinadora Nacional de derechos humanos, consideró que en este caso sí corresponde aplicar los beneficios penitenciarios y que el asunto debió quedar zanjado para bien de la sociedad peruana, que va a ser sometida a un debate mediático en los próximos meses.
Señaló que la resolución no va a variar la opinión de la jueza y que una vez cumplido con el trámite de verificación, seguramente va a volver a pronunciarse a favor de la excarcelación.
El congresista Javier Valle Riestra cuestionó el fallo judicial, señalando que por un defecto no se puede devolver a una persona a la cárcel. “Soy enemigo del terrorismo, pero también soy partidario de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, y eso que se le está haciendo a esta persona no tiene nombre, es una ignominia”, dijo.
“Aquí no se trata de Lori Berenson sino de la clase de justicia que existe en el Perú”, explicó que en el derecho penal, el pensamiento y la conspiración son impunes, mientras que “los castigables son los actos preparatorios, la tentativa y la consumación del delito”.
El jurista aprista Javier Valle Riestra recordó que la norteamericana merodeó el Congreso totalitario del Fujimorismo y que fue arrestada en un autobús, sin armas ni documentos falsos, por lo que nadie puede decir que formara parte de algún comando de aniquilamiento.
El legislador sostuvo que “incluso la Sala Nacional Antiterrorista que la condenó llegó a decir que no se tenía la certeza de que la acusada hubiera llegado a asociarse y ser parte integrante de la organización del MRTA” por lo que debió salir en libertad hace mucho tiempo.
Justifican formalismo
El juez Ricardo Brousset Salas indicó que Berenson deberá volver a prisión debido a una omisión formal en la resolución que le concedió la excarcelación y que fue dictada por la jueza del primer juzgado supraprovincial Yésica León Yarango. “Hasta que sea subsanada la omisión, ella deberá retornar a prisión”, señaló.
El anuncio de la anulación de la resolución de la jueza fue hecha por el viceministro de Justicia, Luis Marril, lo que demuestra el interés gubernamental en el caso.
La Sala Penal tomó la decisión luego de la apelación presentada por el procurador para Casos de Terrorismo, Julio Galindo, quien argumentó que el tiempo de pena efectiva cumplido por Berenson no cumple con los requisitos para obtener beneficios penitenciarios.
“Berenson fue condenada a 20 años de prisión y la pena efectiva que ha cumplido es de 14 años, 5 meses y 25 días. Es decir, no ha cumplido con las tres cuartas partes de la pena, que en su caso es de 15 años de prisión”, agregó. Según él, le faltaría cumplir unos seis meses en prisión.
Para Galindo no son acumulables los días que Berenson dedicó al trabajo y el estudio en prisión, tal como lo planteó la jueza. Dijo que por esa razón, la sala reprendió a la magistrada. Pero otros juristas no piensan lo mismo que él.
Fuente: La Primera (19/08/2010)
