Fundición que nos funde:
La Oroya vuelve a ser, gracias a la empresa Doe Run y a la actitud complaciente del gobierno, un escenario de conflicto y violencia.
El paro acordado por los trabajadores de la fundición es ahora un paro cívico, apoyado inclusive por la municipalidad.
Doe Run adeuda 270 millones de dólares por impuestos y otras sumas elevadas por multas no satisfechas. El centro neurálgico es, por otra parte, la negativa de Doe Run a cumplir obligaciones definidas por el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
La compañía revela así su irresponsabilidad frente a la salud y la vida de los trabajadores y su familia. En el colmo del descaro, propone pagar su deuda en, aproximadamente, 770 años. Estos empresarios llegan a solicitar mayor flexibilidad para cumplir con el programa ambiental y el pago de los montos que adeuda.
Es decir, nuevos aplazamientos. Ocurre que el Poder Ejecutivo se guía por la doctrina de Alan García de que a los consorcios hay que permitirles hacer lo que les dé la gana.
Sin embargo, el propio Alan García ha reconocido ayer que la empresa ha recibido demasiadas “gollerías y excepciones”. La complacencia gubernamental se ha expresado en ventajas, a capricho de Doe Run.
Hace pocos días, el ministerio de energía y Minas redujo de 100% a 20% el pago de las garantías a depositar en fideicomiso para asegurar el cumplimiento del PAMA.
Hace meses recordé que en un Seminario sobre Enseñanza del Periodismo en América latina, evento organizado por Prensa y Sociedad de Venezuela al que acudí, una profesora Argentina que ejerce en Universidad de Estados Unidos señaló que la matriz de Doe Run había salido de ese país porque se negaba a respetar estándares ambientales.
Se vino al Perú con la seguridad que acá sí puede envenenar el ambiente. García es el responsable de la deferencia que ha estimulado a Doe Run. Ahora, el régimen vuelve a demostrar su naturaleza.
Mientras ha consentido los desenfrenos de la empresa, convierte a La Oroya en una ciudad en guerra, mejor dicho, ocupada. Dos mil policías buscan despejar la Carretera Central y reprimir a los trabajadores.
Por lo pronto, los efectos del desenfreno represivo significan un herido grave, a causa de una bomba lacrimógena que le dañó el rostro, y otros heridos, debido a lacrimógenas.
El gobierno insinúa que el paro de los obreros en La Oroya sirve al propósito de la empresa, de chantajear al Ejecutivo. Sí eso fuera cierto, significaría que los trabajadores están aplicando la doctrina García de cohonestar el abuso empresarial.
No creemos eso. Lo que puede aclarar las cosas es que se prepare la expulsión de Doe Run, por su conducta y sus deudas, y se estudie, en diálogo con el personal, fórmulas de reubicación de quienes resulten desempleados.
El paro acordado por los trabajadores de la fundición es ahora un paro cívico, apoyado inclusive por la municipalidad.
Doe Run adeuda 270 millones de dólares por impuestos y otras sumas elevadas por multas no satisfechas. El centro neurálgico es, por otra parte, la negativa de Doe Run a cumplir obligaciones definidas por el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
La compañía revela así su irresponsabilidad frente a la salud y la vida de los trabajadores y su familia. En el colmo del descaro, propone pagar su deuda en, aproximadamente, 770 años. Estos empresarios llegan a solicitar mayor flexibilidad para cumplir con el programa ambiental y el pago de los montos que adeuda.
Es decir, nuevos aplazamientos. Ocurre que el Poder Ejecutivo se guía por la doctrina de Alan García de que a los consorcios hay que permitirles hacer lo que les dé la gana.
Sin embargo, el propio Alan García ha reconocido ayer que la empresa ha recibido demasiadas “gollerías y excepciones”. La complacencia gubernamental se ha expresado en ventajas, a capricho de Doe Run.
Hace pocos días, el ministerio de energía y Minas redujo de 100% a 20% el pago de las garantías a depositar en fideicomiso para asegurar el cumplimiento del PAMA.
Hace meses recordé que en un Seminario sobre Enseñanza del Periodismo en América latina, evento organizado por Prensa y Sociedad de Venezuela al que acudí, una profesora Argentina que ejerce en Universidad de Estados Unidos señaló que la matriz de Doe Run había salido de ese país porque se negaba a respetar estándares ambientales.
Se vino al Perú con la seguridad que acá sí puede envenenar el ambiente. García es el responsable de la deferencia que ha estimulado a Doe Run. Ahora, el régimen vuelve a demostrar su naturaleza.
Mientras ha consentido los desenfrenos de la empresa, convierte a La Oroya en una ciudad en guerra, mejor dicho, ocupada. Dos mil policías buscan despejar la Carretera Central y reprimir a los trabajadores.
Por lo pronto, los efectos del desenfreno represivo significan un herido grave, a causa de una bomba lacrimógena que le dañó el rostro, y otros heridos, debido a lacrimógenas.
El gobierno insinúa que el paro de los obreros en La Oroya sirve al propósito de la empresa, de chantajear al Ejecutivo. Sí eso fuera cierto, significaría que los trabajadores están aplicando la doctrina García de cohonestar el abuso empresarial.
No creemos eso. Lo que puede aclarar las cosas es que se prepare la expulsión de Doe Run, por su conducta y sus deudas, y se estudie, en diálogo con el personal, fórmulas de reubicación de quienes resulten desempleados.
Fuente: La Primera (César Levano) 15/06/2010
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